El concepto de democracia en el carlismo (2015)

Trabajo de Josep Miralles Climent y Manuel Martorell Pérez

Fòrum de Recerca, nº. 20, 2015, págs. 163-185

2015 El concepto de Democracia en el Carlismo

Tal como ya habían hecho los liberales en el siglo XIX, el régimen nacido de la Guerra Civil no solo reprimió al carlismo que no se plegó a sus deseos sino que, además, trató de ocultarlo: «En efecto, hubo una cierta conspiración para silenciar la historia de este antiguo y amplio movimiento sociopolítico mantuvieron los liberales y también, muy significativamente, la cultura política oficial del franquismo». Y es que, a pesar de que existió una «relación tortuosa entre el viejo Carlismo y el Régimen de Franco a partir de 1937» (Aróstegui, 1991, I: 30-31), es bastante habitual considerar al carlismo asociado al régimen franquista y unificado en el partido FET y de las JONS, incluso entre historiadores consagrados. Por ejemplo, y pese a las nuevas aportaciones históricas realizadas en sentido contrario (Martorell, 2010 y 2014), Paul Preston defiende que el movimiento carlista aceptó «dócilmente incorporarse al partido único de Franco» (Preston, 2011: 634), y Stanley G. Payne (2010: 11), en el prólogo al libro Requetés. De las trincheras al olvido, dice que «cuando el generalísimo Franco insistió en la absoluta necesidad de alcanzar una unidad política estrecha para ganar la guerra, los carlistas aceptaron su subordinación política en el partido único». Pese a ello, la mayor parte de los testimonios recogidos en ese mismo libro, cuando hablan de la unificación y de Franco, lo hacen, a veces con desprecio, rechazando precisamente ese proyecto político autoritario.

Sin embargo, obviando la teoría política, y al margen también de las llamadas «democracias populares» de los estados socialistas, o las «democracias orgánicas» como la franquista, pensamos que el concepto de democracia puede entenderse de una forma mucho más relativa de lo que se entiende en el mundo contemporáneo neoliberal donde, dicho sea de paso, el sistema democrático y constitucional homologado se encuentra cada vez más prisionero de los poderes económicos, y algunas libertades se hallan cada día más restringidas a expensas de la seguridad. En cualquier caso, los planteamientos teóricos y modernizadores de Vázquez de Mella –como los de algunos de sus discípulos–, aun habiendo sido teóricamente asimilados en parte por los regímenes de Primo de Rivera y por el franquista, tenían, paradójicamente, unas connotaciones que le aproximaban a modelos participativos, de tipo socializante y hasta colectivista. No en balde, acuñó la palabra «sociedalismo» para manifestar el sentido profundo de lo que para él debía ser el socialismo, es decir, la participación de la sociedad en las tareas políticas que, a priori, parece una mejor concepción de la democracia que la liberal, pues participar en la política es más democrático que el simple voto individual cada cierto tiempo para dejar después que sean los políticos profesionales quienes tomen las decisiones, muchas veces al margen e incluso en contra de la opinión pública.

El modelo político de Vázquez de Mella –inspirador de otros pensadores carlistas de la época de la Guerra Civil, como Luis Hernando de Larramendi, Marcial Solana o Araúz de Robles–, concibe la sociedad como una compleja red de organismos, entidades y agrupaciones intermedias con un funcionamiento autónomo (autárquico, en expresión de los teóricos carlistas, que interpretan este término en su etimología originaria) que prevalecen y son anteriores a la organización jerárquica del Estado. En este sistema interclasista, profundamente impregnado por la religión y la doctrina social de la Iglesia, las principales entidades son los municipios y las regiones (los antiguos reinos), regidos por las leyes históricas y preconstitucionales de los fueros, y su máxima expresión política es la monarquía tradicional de corte federativo, un sistema monárquico más inspirado en la España descentralizada de los Austrias que en la orientación centralista de los Borbones.

Tan es así que el propio cardenal Tarancón, en sus memorias, dice que la Iglesia «no se acababa de fiar de la Comunión Tradicionalista –a la que admiraba por su catolicismo profundo– porque su idealismo era peligroso para orientar el futuro de la sociedad» (Tarancón, 1984: 297).

Efectivamente, para Vázquez de Mella, el repetido término de autarquía es uno de los ejes conceptuales de su pensamiento político, junto a los de «soberanía social» y «sociedad civil». Esta autarquía nada tiene que ver con la acepción más difundida años después, sinónimo de aislamiento o autosuficiencia económica. En Mella la autarquía tiene su valor etimológico originario, es decir significa «valerse por sí mismo» o «gobernarse por sí mismo», y lo aplica de forma general a todas las sociedades intermedias, aunque de forma más específica al autogobierno, a la autonomía política y económica con las que deben regirse todos los municipios y regiones. Son innumerables sus referencias a la autarquía en este sentido, y siempre insistiendo en que el Estado no debe interferir en el funcionamiento de las instancias inferiores y en que todo el conjunto institucional debe quedar coronado por una «monarquía federativa». Para él, la autarquía supone el triunfo de la «soberanía social» de las sociedades intermedias sobre la «soberanía política» del Estado. Mella habla del antedicho concepto que denomina «sociedalismo», que para él significa «la desmembración de las atribuciones del Estado para que vuelvan a incorporarse a la sociedad de donde las arrancó» (Vázquez, 1931, X: 260). De esta forma, la soberanía social puede ejercerse, de forma autárquica, es decir con «vida propia, no sometida al Estado», en todos los grados y órganos –la escuela, los gremios, las corporaciones económicas, las universidades, el municipio, la comarca, la región– «desde la familia hasta el Estado», siguiendo la «ley universal de la cooperación y el mutuo auxilio» (Vázquez, 1931, IV y X: 163 y 260). Estas diferentes entidades o «personas colectivas», como él prefiere llamarlas, «forman la base de la sociedad civil –él dice que la familia y el municipio son las raíces de la sociedad civil–, “un gran sistema” en el que, para satisfacer las “necesidades múltiples y comunes”, se dotan de una representación común» que plasma orgánicamente esa «soberanía social» y se amplía a través de una «jerarquía ascendente» opuesta a la «jerarquía descendente» del Estado a través de su sistema funcionarial de cuya «voluntad depende».

Como ejemplo de la intromisión «ilegítima» del Estado, incluido del 170 Parlamento y la «oligarquía política» que representa, cita lo inaudito que para él resulta que en la Cámara de Diputados se debata sobre el uso de «la lengua de un pueblo», refiriéndose a las otras lenguas habladas en España. (Vázquez, 1931, XXVII: 100):

Parecerá cosa inaudita –dice sorprendido–, será asunto de befa para las generaciones venideras que en el Parlamento haya podido discutirse alguna vez si el Estado tiene derecho a intervenir para cercenar la lengua de un pueblo

Lo dice al forjarse como político, en 1893, lo repite en 1895:

La verdadera democracia popular [es] aquella que hace que participen todos, lo mismo en el seno de la familia que de las clases, lo mismo en los municipios que en las regiones, de todas las libertades y garantías que corresponden, contra las invasiones de la soberanía política, a la soberanía social de los pueblos.

Lo reitera en 1916 –cuando goza de su máxima popularidad– y lo continúa afirmando en 1920, prácticamente al final de su carrera política: «Si la democracia fuera verdad, tendría que ser democracia “directa” y no representativa». Especial importancia da a este tipo de funcionamiento político en los pequeños municipios que «deben ser, como en lo antiguo, una asamblea individual y corporativa a la vez», al estilo de los «concejos abiertos».

El otro tipo de democracia es la que «afirma la comunidad de derechos innatos, civiles y corporativos» vinculada a «la familia, las clases y la sociedad nacional». Es en este tipo de democracia donde propone la «universalización del sufragio a todas las clases», y añade que no tienen ningún inconveniente en que se conceda «dentro de las clases el sufragio a las mujeres», algo que, en su opinión, no defienden algunos partidos «porque en España las mujeres tienen mucho espíritu católico y tradicional» (Vázquez, 1931, VIII: 97).

Y de esta democracia «proporcional» y «corporativa», la más genuina para los carlistas es la municipal, sobre la que se debe construir toda la estructura del Estado: «Queremos –dice en el Parque de la Salud de Barcelona el 17 de mayo de 1903– que España entera sea una federación de Repúblicas en los municipios». Los municipios no deben tener «más representación que la popular», su propia capacidad fiscal y ser «absolutamente independientes». En las sesiones del Congreso del 18 de junio de 1907 y del 30 de junio de 1916, insiste en que si no hay independencia y autarquía municipal tampoco habrá «regiones autónomas e independientes dentro de su propia esfera» y «la descentralización y mucho más la autarquía se convertirán en palabras huecas».

El tribuno carlista insiste en otros dos aspectos políticos 172 peculiarmente carlistas: la responsabilidad exigible a todas las instancias políticas del Estado, incluido el jefe del Estado, y el derecho de los electores a exigir cuentas de su actuación a sus representantes, es decir, lo que generalmente se denomina «mandato imperativo».

Entre los muchos discípulos de Vázquez de Mella –que falleció en 1928– figuran Luis Hernando de Larramendi, Marcial Solana o José María Araúz de Robles, que militaban en el carlismo cuando escribieron obras, durante los años de la Guerra Civil y el primer franquismo, siguiendo la estela de su maestro. En 1937 Larramendi escribió El sistema tradicional, pero la censura prohibió su impresión hasta que se pudo publicar en 1952 aunque con el enrevesado título de Cristiandad, tradición, realeza, para poder sortear a los censores. En 1951, aprovechando igualmente la desfalangización del régimen, Marcial Solana consigue publicar El tradicionalismo político español y la ciencia hispana, que había sido escrito también durante la Guerra Civil, en 1938.

Para este autor, el sistema tradicional se basa en el conjunto de sociedades intermedias, como el municipio, la familia y demás colectividades infrasoberanas que son anteriores al Estado y en las que este nunca debe inmiscuirse. Al contrario de lo que ocurre en los sistemas totalitarios, para el carlismo las sociedades intermedias tienen «derecho a levantarse contra el Estado y a demandarle por algún robo de alguna de sus facultades o atributos» (Solana, 1951: 260-261). Recordando las palabras de Vázquez de Mella, insiste en que el Estado debe respetar «el sentido democrático de los antiguos concejos abiertos», celebrando «las asambleas municipales» y, cuando «las condiciones de la población lo impidan, sustituirlos con el referéndum», se debe «restaurar la libertad municipal [que] es la base de las libertades políticas» (Solana, 1951: 355-358).

Por el 174 contrario, lo que realmente tiene valor es la federación transversal y simultánea de la red de sociedades que se gobiernan a sí mismas en base al ejercicio de esas libertades naturales que son los fueros; entre esas sociedades cita las repúblicas, behetrías, gremios, señoríos, concejos abiertos de funcionamiento asambleario, que equipara con el «comunismo puro», comunidades laicas y religiosas… (Hernando, 1952:
211).

La obra Corporativismo gremial, de J. V. C., prologada por Araúz de Robles y editada por iniciativa del mismo dirigente tradicionalista, aunque se refiere casi exclusivamente al sistema social, laboral y productivo, también coincide con Mella.

Parece que ya existían antecedentes nada menos que 40 años antes; Winston considera que un lejano precursor de los intentos del carlismo por llegar a las masas obreras urbanas fue la «Escola de Virtut» de Barcelona, donde también se debatían problemas sociales, y que fue cerrada por las autoridades liberales por su supuesta implicación en la huelga general de 1854 (Winston, 1989: 26).

Tomàs Caylà, jefe carlista en el Principado, quien en esos momentos dice a sus seguidores que «tenim el deure moral de deixar que es faci la provatura, que es vegi si pot reeixir una república d’ordre i de veritable democràcia que pose remei a alguns dels mals del país».

Con todo, la posición política del carlismo queda plasmada formalmente en la llamada «Manifestación de Ideales», un documento trascendental contra el partido único elevado a Franco en marzo de 1939, aunque su elaboración se había realizado a lo largo de 1938. Este documento es fundamental para comprender la posición política del carlismo «javierista» durante toda la década de los cuarenta y la evolución ideológica posterior ya que, en el fondo, recuperaba el proyecto modernizador de Vázquez de Mella, y se convertía, por ello, en fuente ideológica para todos los manifiestos difundidos por la entonces Comunión Tradicionalista durante el periodo de la posguerra (Martorell,
2008 y 2010).

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