La Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar a las familias de los dos carlistas que murieron tiroteados por los “ultras” (2003)

Manuel Martorell

La Audiencia Nacional, en una sentencia dictada el pasado día 5, pero difundida este fin de semana, aclara el carácter de uno de los acontecimientos que más impactaron a la sociedad española durante la Transición democrática: los sucesos de Montejurra, en los que encontraron la muerte los militantes carlistas Ricardo Garcia Pellejero y Aniano Jiménez Santos.

Durante estos 27 años, la tesis oficial sobre lo ocurrido en el monte sagrado del carlismo se refería a un enfrentamiento armado entre dos facciones de un mismo movimiento político que había provocado, además de esas dos muertes, una decena de heridos de bala. Por esta razón, no se podían calificar los hechos como un acto terrorista y, por lo tanto, tampoco los familiares podían disfrutar de las ayudas concedidas a las victimas del terrorismo, de acuerdo con la ley aprobada con este motivo en octubre de 1999.

En contra de esta tesis oficial se ha pronunciado ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que, basándose precisamente en la citada ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, califica a los atacantes ultraderechistas de Montejurm como una “banda o grupo armado” que buscaba alterar “gravemente la paz y la convivencia ciudadana en un momento histórico especialmente delicado” para la Transición española, y que utilizó unos métodos claramente contrarios a “los valores de convivencia, tolerancia y libertad”.

Durante aquella jornada, y en medio de un impresionante despliegue de la Guardia Civil y la Policia Armada, grupos de ultraderechistas -entre los que había declarados terroristas extranjeros- dispararon con pistolas, fusiles y ametralladoras contra seguidores del Partido Carlista que celebraban su concentración anual en este monte próximo a la localidad navarra de Estella. Cuando miles de personas comenzaban el ascenso a la cumbre, Apiano Jiménez Santos fue alcanzado por un disparo en las proximidades del monasterio de Irache, a las faldas de Montejurra, mientras que Ricardo García Pellejero falleció tras ser tiroteado desde la cumbre.

Indemnizaciones

Al establecer sus conclusiones, la Audiencia Nacional llama la atención sobre el hecho de que, habiéndose negado el Ministerio del Interior a indemnizar a las madres de los dos asesinados, tanto Ricardo como Aniano figuren en una lista oficial de víctimas del terrorismo elaborada por el propio Ministerio. En consecuencia, la sentencia judicial ordena al Gobierno que indemnice a cada una de las familias con 138.000 euros, abriendo así las puertas a otro tipo de compensaciones incluidas en la ley, como indemnizaciones para los heridos o la concesión de distinciones honoríficas.

Para el abogado José Angel Pérez Nievas, dirigente del Partido Carlista en Navarra y verdadero impulsor de este proceso judicial, lo más significativo de la sentencia es precisamente la persistente negativa del Gobierno a calificar como terrorismo unos hechos cuando en su propia documentación se reconocía implícitamente este carácter. Además, Pérez Nievas recuerda que también cese han negado en redondo a incluir a Ricardo y Aniano en sus listas las asociaciones de víctimas del terrorismo», una de las cuales, paradójicamente, está presidida por Adolfo Suárez, que entonces ejerció como «ministro del Interior en funciones». Para Pérez Nievas, «aunque todavía quedan en este caso muchas zonas de oscuridad, al menos se ha dado un paso para el esclarecimiento de lo ocurrido». En su opinión, todavía falta por aclarar el papel que desempeñaron el general Campano, a la sazón director de la Guardia Civil, y Manuel Fraga, entonces ministro del Interior -el 9 de mayo se encontraba de viaje-. «A ver si Fraga, antes de morir, escribe sus memorias y habla claro», concluye José Angel Pérez Nievas.

Las familias de los fallecidos también han mostrado su satisfacción por el fallo de la Audiencia Nacional. Miguel Angel Garcia Pellejero, hermano de Ricardo, considera que la decisión judicial evidencia que hubo terrorismo de Estado. «Ellos», decla­ra, ««no lo van a hacer porque no se van a echar ceniza a los ojos, pero con esta sentencia se reconoce la existencia del terrorismo de Estado».

Nieves Jiménez Santos, hermana de Aniano, se ha referido a las indemnizaciones marcadas por la sentencia, ha señalado que “una muerte no se puede tapar con dinero” y ha reclamado que se tenía que “haber juzgado a los responsables”. Nieves se lamenta de que su madre, Natividad Santos, no haya podido conocer el resultado de una causa por la que tanto luchó: Apiano era el mayor de sus 10 hijos y ella murió hace justamente un año.

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