Parlamento, derechos históricos y revolución

José Ángel Pérez – Nievas Abascal

(*) Secretario de Euskalherriko Karlista Alderdia EKA en Navarra

Días pasados Javier Tajadura Tejada proponía como referente, faro orientador, en estos momentos de confusión y desorientación, decía, al presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, como paladín de la Unidad del Estado e igualdad de los españoles.

Al mismo tiempo calificaba de conservadores y tradicionalistas a los partidarios de los derechos históricos que pretenden sustituir la legitimidad racional por la tradicional, y no entender, decía, que tras la Revolución francesa, pudieran defenderse, con olvido de los ideales que la misma trajo.

Y todo ello, porque el extremeño calificó de antigualla a los derechos históricos y fue reprobado por el Parlamento de Navarra que, por lo visto, no tiene asuntos más importantes de qué ocuparse, ya que no existe la discriminación zonal con la ley del vascuence, ni el pantano de Itoiz con todos sus problemas e irregularidades, ni transferencias pendientes, ni el desprecio que nos muestran cuando se habla de nacionalidades históricas, y no se menciona a Navarra. Hecho que indignó a un notario de Barcelona, que ejerció en Tudela, que en un artículo de prensa afirmaba que si alguien tenía derecho a ser considerada nacionalidad histórica era ella…

Ante hechos así, me alegro de haberme arrepentido, como he manifestado en otras ocasiones, de haber criticado que no se hiciera uso de la posibilidad que el llamado Amejoramiento, da de llamar al organismo Parlamento o Cortes de Navarra. Visto lo visto, llamémosle Parlamento y dejemos lo de Cortes de Navarra para cuando de verdad lo sean.

Podrá ser más o menos afortunada la expresión derechos históricos. A mí personalmente no me gusta, pues creo que tiene un sentido parcial, pero no me convencen las razones del señor Tajadura Tejada, aun cuando él las refuerce con la auctoritas del señor García Pelayo, por haber consagrado su vida a la libertad y democracia, pues el mejor escribano echa un borrón, y él lo echó, pues la verdad que una cosa es predicar y otra dar trigo.

No alcanzo a comprender qué entiende por igualdad de los españoles. Ni siquiera puede aplicarse de los navarros, y si no ahí está el plus de capitalidad que recibe el pueblo de Pamplona y no lo tienen el resto de los pueblos de Navarra, el derecho, cuando menos teórico, a que los vecinos de determinados pueblos y valles puedan disfrutar de Bardenas, y no el resto, unos tienen derecho al modelo D en educación, y no lo tienen otros y así podríamos seguir hasta cansarnos. Hay que comenzar por centrar el concepto de igualdad, que debe trascender de los individuos y llegar a las colectividades. Y ya que se ha hablado de la Revolución francesa, no estaría de más recordar que muchas de las cosas que surgieron de la misma, nos parecen una barbaridad vistos con criterios democráticos actuales. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución de 1793 surgida en pleno dominio del terror dice, nada menos que “todo individuo que usurpe la soberanía debe ser muerto al instante por los hombres libres”. Por ello es preciso señalar, que a la Revolución francesa se le deban grandes conquistas a favor de las personas o derechos individuales, pero no tanto respecto de los colectivos y, si no, veánse los frutos de la ola armada con que asoló Europa, el centralismo más absoluto y férreo. Resaca, de la que poco a poco se va saliendo de distinta manera según las circunstancias y territorios.

Cuando surge la Revolución francesa, un mismo soberano asumía la titularidad de la soberanía de los distintos pueblos que constituían las Españas, pero cada uno con su individualidad y especiales características e instituciones. Cuando la Revolución proclama que la soberanía reside en el pueblo, no en el Rey, no cabe la menor duda de que cada uno de los pueblos de las Españas, en buena lógica, era titular de su soberanía. Y me pregunto ¿quién atribuyó facultades o atribuciones a las Cortes de Cádiz, para privar a los pueblos de su soberanía y convertirlos en provincias? Además, sin que ninguno de esos pueblos tomara parte real en la decisión, de crear un Estado sobre las ruinas de sus instituciones, y establecer un descarnado centralismo, que a lo largo de casi dos siglos se ha ido mitigando como resultado de profundas convulsiones, y siempre a virtud de concesiones graciosas de ese ente artificial surgido de las Cortes de Cádiz, que es el Estado español tal como lo conocemos.

Hablar de que la igualdad de los españoles y la unidad del Estado son principios por los que merece la pena luchar, democráticamente admisible, es decir, siempre que no sea impuesta la unidad, y algo de eso hay, cuando se viene cuestionando, de una u otra manera, desde su creación. Preferimos luchar por la verdadera libertad, la de decidir cada pueblo de las Españas si quiere o no convivir, y la forma de esa convivencia. Esperamos que algo, tan elemental, acabe siendo realidad.

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