Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos reconocidos Víctimas del Terrorismo por la Audiencia Nacional (2003)

Diario de Noticias

30/11/2003

El 10 de mayo de 1976, un día después de los sucesos de Montejurra, se inició el proceso para que fueran reconocidos los asesinados (Ricardo García y Aniano Jiménez, que falleció el 13 de mayo) y heridos en la falda y la cima de la montaña cercana a la ciudad del Ega. La niebla que ocultaba todos los hechos aquel día comienza a despejarse con el reconocimiento de la Audiencia Nacional de que son víctimas del terrorismo. Un reconocimiento que llega con un retraso de 27 años.

Desde el 10 de mayo de 1976, un día después de los asesinatos del joven de Estella Ricardo García Pellejero y del obrero santanderino Aniano Jiménez Santos, un ramo de flores colocado en el lugar donde cayó el estellés cerca de la cumbre recuerda aquellos trágicos sucesos. Los 27 largos años de reclamaciones, manifestaciones y reivindicaciones carlistas han servido para generar dos grandes interrogantes, ¿porqué no se consideraron en su día delitos de terrorismo>, y ¿por qué el Estado no reconoce que participó cuando todas las pruebas así lo demuestran? La primera de las preguntas fue resuelta el pasado 5 de noviembre cuando la sentencia de la Audiencia Nacional puso fin a la larga marcha judicial que inició, junto con otros abogados, el secretario general del Partido Carlista en Navarra, José Angel Pérez Nievas, en 1976 con 46 años, y que ha concluido en solitario enfrentado al Ministerio de Interior al a edad de 72.

Mediante esta sentencia, que viene a contradecir lo que en dos ocasiones negó el Ministerio encabezado por Mayor Oreja, los familiares de los asesinados aquella fría mañana de mayo podrán percibir 23 millones de las antiguas pesetas (según marca la ley 32/1999) y serán reconocidos como víctimas del terrorismo, cuando desde 1977 no eran sino víctimas de unos desórdenes públicos, es decir, como una discusión de tráfico o una pelea en una bar un sábado. La Audiencia Nacional admite además que los miles de carlistas que el 9 de mayo acudieron como cada año a celebrar su fiesta anual de reivindicación política de libertades y contra la dictadura de Franco tuvieron en frente a una banda armada porque se trataba de una “unión de personas con una coincidencia de objetivos y con medios para su obtención, mediante la creación de una situación de conflicto y violencia que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse’. Tan sencilla afirmación ha costado al Estado 10.035 días reconocerla, pese a que, como también recoge la sentencia, se continúa manteniendo que fue “un enfrentamiento entre los partidos de Sixto de Borbón y los seguidores de Hugo Carlos de Borbón, tratando unos y otros de obtener la primacía de los actos religiosos y programados conforme a ideologías divergentes aunque insertas en el Partido Carlista del que constituyen dos facciones distintas”.

Quizás sea la forma más sencilla para ocultar lo que pasó ese 9 de mayo en que la intensa niebla y el chirimiri, permanentes durante todos los sucesos, sirvieron de cortina a quienes tuvieron responsabilidad directa. No en vano, el entonces Ministro de la Gobernación y hoy presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, tras volver de su viaje por Venezuela, afirmó:”Lo primero que tengo que decir; porque conviene que se sepa, es que yo estaba aquí mientras ocurrieron estos hechos y no me fui hasta que terminaron. Y que asumo la plena responsabilidad de lo que haya ocurrido, y lo digo con todas las las consecuencias”.

9 de mayo de 1976

En aquellos enfrentamientos que según la Audiencia fueron entre facciones de uno y otro bando se encontraron bastones de monte (makilas), de uno, contra pistolas, ametralladoras, porras, cadenas y piedras, del otro, mientras decenas de agentes de la Guardia Civil y fuerzas antidisturbios asistian impávidos al suceso, como si estuvieran contemplando un partido de fútbol.

Entre los que acompañaban a Sixto de Borbón, hermano del entonces pretendiente carlista Carlos Hugo, se encontraban reconocidos mercenarios que posteriormente se vieron relacionados en las acciones de los CAL y que incluso fueron condenados por la justicia italiana. Entre ellos Luis Marín García Verde (autor material de la muerte de Aniano Jiménez), José Arturo Márquez de Prado, Carreras Mauriño (los únicos tres procesados),Stefano Delle Chiaie, Elio Massagrande (buscados ambos por cometer atentados en Milán), Emilio Berra, lean Pierre Cherid (de probada pertenencia a los GAL), José María Arrizabalaga Arkotxa (asesinado más tarde por ETA), Hermertegíldo García Lorente, Augusto Cauchi (autor de un atentado en Bolonia que ocasionó 15 muertos), Mauro Tedeschi y Mario Leti (de la organización italiana Ordine Nuovo).

Según el Tribunal Civil y Penal de Milán, Augusto Cauchi y Stefano Delle Chiaie organizaron el grupo Aginter Press, una banda armada que se dedicaba a desestabilizar y a crear desórdenes en distintos países. No en vano trabajaron para la policía de Pinochet en Chile. Por otra parte, el francés Jean Pierre Cherid lo hizo a las órdenes de la policía española integrado en los CAL y murió en 1982 en Francia al explotarle una bomba cuando la colocaba. Además desde el Gobierno Civil de Navarra se reservaron veinte habitaciones en el hotel Irache, se encontró munición en la cima en la que se podia leer “25 cartuchos, Pirotecnia Militar”, y la financiación de la acción conió a cargo del presidente del Consejo de Estado, Oriol y Urquijo, quien ingresó diversas cantidades en entidades bancarias de Santander, Logroño, Vitoria, Pamplona y Burgos. Asilo reconoció el recientemente fallecido general Saéz de Santamaría, jefe del Estado Mayor de la dirección general de la Guardia Civil.

El mismo Sáez de Santamaria, el pasado mes de agosto, ante la pregunta de un periodista de El Faro de Vigo sobre la polémica de sus declaraciones acerca de que UCD había bordeado la legalidad en la lucha arotiterrorista, respondia: “En muchos casos. Hubo 48 muertos. El caso de Argala, Cubillo, Montejurra, para qué voy a dar más”.

El Ministro del Movimiento en 1976 era Adolfo Suárez, responsable de la Gobernación en ausencia de Fraga, más tarde fundador de UCD y curiosamente hoy es presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. La Policía Nacional había intervenido duramente contra obreros desarmados el 3 de marzo en Vitoria para reprimir una huelga en general. El balance fue de cinco muertos, 45 heridos de bala y cien por golpes.

Pero ese 9 de mayo, cuando desde la dirección del partido se alertó de lo que podía pasar, cuando dos carlistas fueron detenidos tras subir a la cima y avisar de que había movimientos extraños, cuando se mostraron armas y se dispararon, las fuerzas del orden no actuaron ni detuvieron a nadie de los atacantes que desde días antes habían hecho ostentación de sus pistolas en el hotel Irache, donde permanecieron hospedados.

El pasado 5 de noviembre se puso el punto final a uno de los dos grandes interrogantes de lo que ha sido, quizás la acción terrorista de la Transición que tiene una mayor documentación fotográfica y escrita, cuyos autores fueron retratados con armas en el lugar de los hechos y que sin embargo más se ha tardado en reconocer. No en vano, muchos consideran la denominada operación Reconquista (financiada por el Estado) la primera acción de los GAL.

Más que amigos

Como refleja el Partido Carlista en el denominado Libro negro de Montejurra, Informe Montejurra ’76, el anecdotario de este tragicómico sumario es inmenso. El juez especial citó en Estella a los testigos presenciales de los hechos de la cumbre. Una vez allí, sin darles ninguna clase de explicación se les condujo a la cima. Allí esperaron largas horas a que los procesados, Marín, Vázquez y Carreras almorzasen, bromeasen y departiesen amigablemente con los guardias y funcionarios judiciales. El teniente de los Arcos abrazó efusivamente a García Verde y, entre trago y trago de la bota, se contaron sus cosas. A los testigos se les cacheó concienzudamente y nadie les invitó siquiera a un bocadillo. A los siete meses eran puestos en libertad provisional, en atención, según la nota del juzgado de Orden Público, “a su bondad personal, excelente conducta y hombría de bien”. Los abogados que ejercieron la acusación particular en nombre de los familiares de los muertos y heridos en estos sucesos (Juan Francisco Martín de Aguilera, José Angel Pérez Nievas Abascal y José Fermín Arraiza Rodríguez Monte), intentaron, sin conseguirlo, que se consideraran estos asesinatos como delitos políticos (que se juzgaran en Madrid) hasta que se publicó el decreto de Amnistía de 1977, en cuyo momento, de oficio, pasaron a considerarse como delitos políticos.

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