Los procuradores de representación familiar en la novena legislatura franquista (1967-1971)

1967-1971-procuradores-tercio-familiar

Trabajo de Francisco Miranda Rubio (1994).

En los últimos días de septiembre de 1967 aparecen publicadas en Navarra las candidaturas de José Ángel Zubiaur Alegre, alto funcionario de la Diputación, que había sido Diputado Foral por la Merindad de Pamplona y concejal de la capital navarra por elección del tercio familiar, y de Auxilio Goñi Donázar, industrial químico, ex-teniente alcalde de Pamplona ambos candidatos de ideología carlista.

Los programas con los que se presentan los candidatos en Navarra parecen más explícitos que en otros distritos electorales; con todo, salvo los candidatos carlistas, el resto de los programas carecía de una definición ideológica. Goñi y Zubiaur se declaran monárquicos, tradicionalistas y dinásticamente carlistas, ardientes defensores de los Fueros, no sólo para conservarlos sino también para mejorarlos. Por lo general, en Navarra casi todos los programas de los candidatos se refieren a la integridad y el desarrollo del régimen foral así como al sentido católico tradicional. Pero el programa de la candidatura carlista parece el más agresivo, no tanto por las promesas como por las ideas y firmeza para sostenerlas y conectar con el pueblo al que se representa.

Los resultados en Navarra se hicieron públicos al día siguiente y los recoge la prensa local. Tanto Goñi como Zubiaur que representaban la candidatura carlista ganaron ampliamente al resto de sus contrincantes, con un 50% de votos más que el tercero. Los resultados fueron los siguientes: Goñi, 45.868 votos, Zubiaur, 45.469 votos, les siguen Ezponda con 29.820, Les Floristán con 28.230, Uranga con 12.194 y Unciti con 10.704. La candidatura carlista venció ampliamente en casi todos los distritos, en particular en el de Estella de amplia tradición carlista; salvo en Tudela, auténtico feudo de Alfredo Les Floristán, dado que éste obtuvo en la capital de la Ribera 3.661 votos seguido a bastante distancia por Goñi con 1.493.

Javier María Pascual, director del periódico carlista El Pensamiento Navarro, manifestaba días después de las elecciones5 que, por regla general, en muchas de las provincias españolas la presencia de altos funcionarios y personas procedentes de las Jefaturas del Movimiento había sido habitual en las elecciones del pasado 10 de octubre, salvo en contadas provincias como Navarra. Ejemplo más significativo del triunfo de una candidatura muy lejana al oficialismo.

Cuando el Proyecto de Ley de Secretos Oficiales fue recibido en las Cortes, a los nuevos procuradores familiares, con su aureola de independientes, se les ofrecía la oportunidad de corregir aquella arbitrariedad del Gobierno, que ponía en peligro la tímida libertad de información que tenían los medios de comunicación. Y, en efecto, algunos de ellos respondieron a lo esperado por sus conciudadanos. Precisamente fueron los procuradores navarros los principales protagonistas de esta oposición. José Ángel Zubiaur presentó una enmienda a la totalidad del Proyecto, que fue avalada por su propio compañero Auxilio Goñi, y por una serie de representantes familiares del País Vasco y Zaragoza: Abella (por la provincia de Álava), Arrué y Escudero (Guipúzcoa), Fernández Cantos y Fernández Palacios (Vizcaya) y Zaldívar (Zaragoza). Posteriormente también la apoyaron los procuradores familiares: Soler Llorca (Alicante), Tarragona (Barcelona), Marrero Portugués (Las Palmas) y Esperabé de Arteaga (Salamanca). En el caso de estos dos últimos procuradores presentaron cada uno por su cuenta otra enmienda a la totalidad para reforzar más la oposición al Proyecto. Como primer firmante, le correspondía al procurador navarro José Ángel Zubiaur defender la enmienda a la totalidad ante la Comisión de Leyes Fundamentales.

Una vez más la prensa, y sobre todo el grupo de procuradores familiares independientes, se constituirán en portavoces del reformismo dentro del régimen. En esa misma dirección cabe apuntar la insólita reunión14 de veinticinco procuradores familiares que tuvo lugar en Pamplona el 20 de enero de 1968. La prensa se encargó de airear la noticia y de dar puntual información de la reunión, haciendo hincapié en que se trataba de procuradores independientes del Gobierno en quienes se habían puesto tantas esperanzas. En la convocatoria, además de estudiar una estrategia parlamentaria conjunta, los procuradores reunidos abordaron una serie de temas importantes de cara a la legislatura. El más inmediato era presentar una Proposición de Ley sobre la modificación del Reglamento de las Cortes. Con la Proposición se intentaba dar una mayor agilidad a la cámara, para que fuese al mismo tiempo un instrumento eficaz donde contrastar los diferentes pareceres y críticas.

La reunión de los 25 procuradores tuvo lugar el 20 de enero de 1968 y acudieron los procuradores: Eduardo Tarragona (Barcelona), Manuel Aranegui y Alfonso Abella (Álava), Fernández Palacios y Fernández Cantos (Vizcaya), Esperabé de Arteaga y Marcelino Fernández Nieto (Salamanca), Peña Urmeneta y Gabriel Ponce (Huesca), Goñi y Zubiaur (Navarra), Manuel Escudero y Antonio Arrué (Guipúzcoa), Marrero (Las Palmas), Antonio Cuéllar (Badajoz), Serafín Becerra (Ceuta), Zaldívar (Zaragoza). Algunos ostentaban representación de otros compañeros como Martín Palomino y Francisco Gómez Lozano (Cáceres), Manuel Fanjul (Madrid), Perelló (Valencia), Manuel Padrón (Las Palmas), José M. Abad (Palencia), Baldomero García (Cádiz), Eduardo León Sola (Melilla).

No había transcurrido un año de legislatura y ya se habían reunido los procuradores familiares en Pamplona, Salamanca, Madrid, Zaragoza y Barcelona. El Gobierno mantuvo una actitud expectante, desde luego no vio bien estas reuniones fuera de la Cámara. Así lo expresó en algunos medios de comunicación afines. Con todo, la autoridad gubernativa no intervino hasta la reunión celebrada en Ceuta a finales de septiembre de 1968.

El hecho de que el grupo de procuradores familiares resultaba incómodo para el Gobierno era más que evidente, su labor de denuncia estuvo siempre presente en las correspondientes Comisiones de las Cortes, en las interpelaciones al Ejecutivo, en sus reuniones o en las declaraciones a la prensa. No es de extrañar, por tanto, las sanciones gubernativas que les fueron impuestas a los procuradores navarros Auxilio Goñi y José Ángel Zubiaur. Ambos se habían destacado a lo largo de la legislatura por su independencia con respecto al Gobierno, y no tuvieron empacho a la hora de señalar el fuerte dirigismo e intervencionismo del Ejecutivo, así como la ineficacia de los Plenos. Por eso, con ocasión del acto carlista de Montejurra del año 1969, el gobierno amparándose en que Goñi y Zubiaur lo habían presidido, cuando en realidad Zubiaur en su intervención había denunciado los propósitos políticos del Ejecutivo, les impuso una multa de 25.000 y 50.000 pesetas respectivamente. Los procuradores navarros se negaron a pagarla y acudieron a la Presidencia de las Cortes reclamando el desafuero cometido contra ellos en su condición de procuradores. Pero la Comisión Permanente de la Cámara desatendió tales demandas. En realidad, una vez más se quebrantaba el fuero parlamentario, no se respetaba su inmunidad e inviolabilidad y se ponía de relieve la actitud un tanto servil que estaban obligados a desempeñar los procuradores, dado que no se admitían las discrepancias políticas.

Los procuradores independientes manifestaron abiertamente aquellas cuestiones que no compartían, pero eran silenciados por la policía. Auxilio Goñi fue desalojado por la policía en la Universidad de Barcelona. El representante navarro fue invitado por una comisión de alumnos de la facultad de Derecho a participar en una charla-debate sobre la Amnistía. Nada más comenzar su alocución ante los numerosos estudiantes que abarrotaban el aula magna de la Facultad, y tras expresar literalmente que si no hay cauces de libertad de expresión todo puede ser delito, hizo acto de presencia la policía vaciando la sala e invitando al procurador a abandonar el recinto universitario.

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