Rey y Fueros

El pueblo vivía marginado de cualquier inquietud o información política al iniciarse la crisis abierta por la invasión napoleónica; los antiguos mitos pervivían en una continuidad multisecular, que podemos remontar sin exageración a la Edad Media, en la que el rey era el supremo árbitro al que en apelación acudía el pueblo para defender sus intereses atropellados por el poder feudal. El monarca era el padre protector, figura que quedó definitivamente mitificada en los siglos XVI y XVII por la literatura de fondo puramente político y hasta por la teología, que sería cuidadosamente mantenida por el absolutismo borbónico y que incluso podremos ver reflejada en documentos muy posteriores (hasta Carlos VII) de los titulares carlistas.

Esta idea de que el rey indefectiblemente estaba al lado del pueblo contra el poderoso (no nos alejemos del carácter reivindicativo social constante que intuitivamente ostentaba el proletariado campesino, estrato mayoritario del carlismo) y la necesidad de poner al frente del movimiento a un líder seguro (tampoco olvidemos el innato conservadurismo de ese mismo campesinado, que desconocía y desconfiaba de cualquier otro tipo de jefatura) haría que los primeros carlistas eligiesen por inercia, para poner a su frente, a un rey. Y un rey fue proclamado, y a don Carlos María Isidro se le invistió como tal al ser el príncipe borbónico que ofrecía más garantías por su integridad y la fortaleza demostrada en todo momentos para conservarla; por otra parte, el hasta entonces Infante era presentando por el sector político más antiliberal, y ello era también una garantía para aquellas masas. La segura sucesión monárquica sería desde entonces uno de los permanentes pilares del partido, que con ello vería asegurada su continuidad y vertebración.

Las libertades forales, que permitían mantener la feroz independencia y el querido autogobierno (“que nadie nos gobierne, aunque sea bien”) a las comunidades peninsulares, nunca total y definitivamente absorbidas o integradas por el Estado, sería el otro fundamento doctrinal carlista, en cuya justificación y validez no vamos a insistir por mantenerla hoy mismo en su totalidad, aunque diferentemente sentida de la primera época al presente.

Es obvio que no podía ser la misma ni en el tiempo ni en cuanto al territorio la palabra Fueros. Para un vasco o navarro que vivía sujeto a los beneficios y defectos del régimen foral, los fueros tenían un significado totalmente distinto que para los catalanes, aragoneses y valencianos, cuya conciencia foral empieza a perderse a principios del siglo XVIII con el primer Borbón o que para un habitante de los territorios de la Corona de Castilla, cuyo autogobierno empieza a desaparecer con la derrota comunera en Villalar en 1521. Si para las comunidades del Norte el problema foral era de defensa de un derecho para el resto de las comunidades de Las Españas era una aspiración desigual y difusamente sentida de autogobierno regional y municipal.

El Carlismo será el revulsivo primero, máximo y más continuado que despertara un paralelo sentimiento regionalista que alcanzaría las cotas del pleno federalismo y (ya en extremismos decepcionados ante las sucesivas estafas sufridas del poder central) del separatismo periférico.

Pero hay que concretar algo más respecto a esos dos elementos básicos en que insistimos, porque entre ambos, “fueros y rey”, y como resultado de una elaboración ideológica y táctica, existe una fundamental diferencia perfectamente delimitada con el transcurso del tiempo. Para el carlismo, la monarquía es meramente instrumental, necesaria y válida durante su larga etapa de oposición (que arrancó de 1833); imprescindible para mantener una jefatura segura, automática e indiscutida, fuera de la cual surge la indisciplina: quien no acepta al rey de turno no es carlista; un rey que ha de responder, además, a la confianza depositada en él por la masa del partido y que si se aparta de ese pacto implícito es destituido, como ocurrió en 1868 con el padre de Carlos VII. Después al llegar al poder, para el carlismo nunca se ha estimado imprescindible el mantenimiento de un monarquía (teoría expuesta y aceptada reiteradamente tanto por lo intelectuales carlistas como por los titulares dinásticos), sometiéndose a la voluntad popular la forma de gobierno.

Sin embargo, respecto a los autogobiernos (los Fueros), el criterio es radicalmente distinto. En el carlismo, lo foral no es un medio, o una excusa propagandística, sino un fin insoslayable. No se concibe un régimen procedente del carlismo que no sea federal o confederal, en el que no reconozca como un derecho inalienable de todas y cada una de las comunidades peninsulares el derecho a autogobernarse. Lo foral es tan intrínsecamente carlista, que si esta reclamación desapareciera o fuera escamoteada, el carlismo desaparecería como tal.

Lo foral determinara decisivamente al partido, diferenciándolo de ideologías aparentemente similares. Es también el motor o base invariable de toda su trayectoria doctrinal hacia metas plenamente democráticas. Lo que, en fin justifica la existencia y la razón ideológica del pacto dinastía-pueblo.

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